Apoyo a la Caravana ABRIENDO FRONTERAS

El 14 de julio partirá hacia Melilla la Caravana Abriendo Fronteras, con el objetivo denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y refugiadas en la Frontera Sur. Con este motivo la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha realizado esta mañana un acto público para mostrar su apoyo a esta iniciativa.

Según han denunciado las y los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria la situación que soportan las personas inmigrantes y refugiadas son consecuencia de las políticas migratorias asesinas y antisociales que se vienen aplicando y que están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la población y a una distribución de la riqueza cada vez más injusta. “Es necesario luchar y defender la extensión de los derechos políticos, civiles y económicos a todas las personas”.

“Las personas refugiadas y migrantes son un símbolo que expresa y profundiza la guerra entre pobres. Son muy funcionales al sistema capitalista, convirtiéndose en una de sus reglas de oro: mano de obra, formal o informal, barata y precaria, que formaliza la carrera hacia abajo de los derechos de trabajadoras y trabajadores”.

Por todo ello estos portavoces han mostrado todo su desprecio a las instituciones y gobiernos europeos por proteger los derechos del capital y vulnerar los derechos de las personas. “Frente a quienes defienden un proyecto neoliberal, patriarcal, militarizado, excluyente y regresivo, nosotras y nosotros defendemos la solidaridad internacionalista, basada en el encuentro de las personas y los pueblos”.

Este es el documento presentado:

Las organizaciones sociales y sindicales que suscribimos la Carta de Derechos de Euskal Herria queremos mostrar nuestro apoyo a la Caravana Abriendo Fronteras que partirá hacia Melilla el 14 de julio a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y refugiadas en la Frontera Sur. Defendemos un modelo de sociedad que ponga en el centro el sostenimiento de la vida y es precisamente la vida lo que se juegan quienes huyen de la guerra y de la miseria.

Denunciamos que la situación que soportan las personas inmigrantes y refugiadas son consecuencia de las políticas migratorias asesinas y antisociales que se vienen aplicando y que están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la población y a una distribución de la riqueza cada vez más injusta. Es necesario luchar y defender la extensión de los derechos políticos, civiles y económicos a todas las personas.

El racismo y la xenofobia que nos quieren inocular los gobiernos se sustentan sobre afirmaciones falsas como “nos quitan el trabajo, “son delincuentes y terroristas”, “se aprovechan de nuestras ayudas sociales” “nos invaden”… etc. Estas afirmaciones no tienen en cuenta las formas de neocolionalismo modelo actual de dominación de los países enriquecidos sobre los países del Sur Global.

En la Unión Europea más de 119 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza lo que provoca migraciones internas entre los países miembros. La precariedad laboral es un elemento fundamental de la competencia entre empresas y países, se da de forma generalizada en sectores como la construcción, transporte, industria cárnica, asistencia social y trabajo doméstico y legaliza la explotación de las migraciones internas entre trabajadores y trabajadoras de la UE.

La necropolítica es otra de las vías impulsadas por el sistema económico capitalista y patriarcal , que no consiste solo en explotar y expulsar, sino en dejar morir a la gente. Se trata de verdaderos crímenes internacionales. Se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTB, campesinos e indígenas por defender su tierra en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos, pero también se elimina a personas que le sobran al sistema capitalista, quienes no puedan consumir o producir estorban y se convierten en desechos humanos (Bauman)

El sistema capitalista todavía necesita gente y va seguir contando con mano de obra migrante. Pero va a ser una mano de obra sin derechos, que trabajará en sectores como la construcción, la hostelería o los cuidados convertida en mano de obra barata y precarizada. Esta situación provocará una bajada de salarios y de condiciones de trabajo en un proceso -inducido por el capital y los gobiernos cómplices- de enfrentamiento entre gente explotada y entre gente pobre; entre nacionales pobres y extranjeros pobres. Una “guerra” que favorece el capitalismo y sustenta el racismo y la xenofobia.
Las personas refugiadas y migrantes son un símbolo que expresa y profundiza la guerra entre pobres. Son muy funcionales al sistema capitalista, convirtiéndose en una de sus reglas de oro: mano de obra, formal o informal, barata y precaria, que formaliza la carrera hacia abajo de los derechos de trabajadoras y trabajadores.

Todo nuestro desprecio a las instituciones y gobiernos europeos por proteger los derechos del capital y vulnerar los derechos de las personas. Frente a quienes defienden un proyecto neoliberal, patriarcal, militarizado, excluyente y regresivo, nosotras y nosotros defendemos la solidaridad internacionalista, basada en el encuentro de las personas y los pueblos.

2017ko uztailaren 11n, Euskal Herrian

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Hay que mejorar las prestaciones sociales para responder al aumento del desempleo y de la pobreza

Los sindicatos que componen la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se han concentrado frente a las sedes que el Gobierno Vasco tiene en Bilbao, Donostia y Gasteiz para denunciar las graves consecuencias que tienen para la clase trabajadora los recortes sociales y para exigir un Sistema de Protección Social Público. Esta concentración se encuadra dentro de la campaña de movilización organizada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria durante todo el mes de junio.

ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e Hiru han denunciado que la RGI se queda aislada de la realidad que vivimos en el mundo del trabajo al desvincular la cuantía de la renta del SMI o el IPC y someterla a los presupuestos, esto es, dejarla a merced de la voluntad de los partidos. La durísima precarización que sufrimos en las condiciones de trabajo ha agudizado la brecha social, y el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres es cada vez más grande. En concreto, 12.321 personas que trabajan cobran la RGI: Un 20% del total.

Los sindicatos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han registrado un texto en el Gobierno Vasco, en el que se recogen varias propuestas.

1. Eliminación de todo recorte que agudice las desigualdades sociales.

2. Mejora de las prestaciones sociales con el ánimo de responder al aumento del desempleo y de la pobreza.

3. Que la consejera Artolazabal retire las propuestas de reforma de la RGI y se modifique la ley de prestaciones sociales de manera que nadie viva por debajo del umbral de pobreza.

4. Para ello hay que permitir la participación democrática de ciudadanía, agentes sociales y sindicatos en el diseño, toma de decisión y control de las políticas.

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28 de junio. Vidas dignas y diversas

Hacemos un llamamiento a acudir a las movilizaciones que hoy tendrán lugar en Euskal Herria

•Bilbo: MANIFESTACIÓN 19:30 Plaza Moyua

•Donostia: MANIFESTACIÓN 19:30 Boulevard

•Gasteiz: COMIDA 15:00 Hala Bedi taberna – MURAL Y KALEJIRA 19:00 Hala Bedi Taberna – MANIFESTACIÓN 20:00 Virgen Blanca

•Iruñea: ACTO MEMORIA HISTÓRICA 18:30 – MANIFESTACIÓN 19:00. Vieja Estación de Autobuses

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EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN BILBO A FAVOR DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PÚBLICO PROPIO

Hoy el movimiento feminista nos hemos concentrado frente a la delegación del Gobierno Vasco en Bilbo, para denunciar la carga que supone para las mujeres los recortes sociales y a favor de un Sistema de Protección Social Público y digno y hemos hecho la siguiente lectura:

Recortes, recortes y más recortes. Esa es la solución que el gobierno vasco ha pensado para las más de 69.000 personas que se encuentran en situación de pobreza en la CAV. Recortes y más pobreza.
El pasado 31 de Mayo, los departamentos de políticas sociales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa anunciaron las medidas para la reformas que se aplicarán en el sistema de prestaciones sociales. Entre ellas, siguiendo a la reforma anterior, se blinda cada vez más el acceso a prestaciones sociales modificando las condiciones.

El ataque contra el sistema de seguridad social en los últimos años ha sido constante:
• Desde el año 2012, se ha recortado un 7% en presupuestos destinados en materia de ayudas sociales
• Blindaje de las condiciones para acceder a las prestaciones
• La reciente decisión de no aplicar la subida del 8% del SMI en las prestaciones que gestiona
Lanbide.

Además de todo esto, según hemos sabido recientemente, otro de los puntos de la nueva reforma del RGI será que unicamente se podrá recibir una prestación por domicilio. Esto aparte de limitar el derecho a la vivienda de las personas que trabajan en precario, es una clara apuesta por un modelo de familia normativa, dejando de lado las muchas y diversas unidades de convivencia actuales y reduciendo, claramente, sus oportunidades.

El pasado 1 de abril miles de ciudadanas salimos a la calle para denunciar estas medidas.

Queremos rechazar los constantes ataques al sistema de seguridad social, así como la campaña de criminalización que el departamento dirigido por Beatriz Artolazabal y los diferentes medios de comunicación. Así mismo el imponer la huella digital a las personas que reciban prestaciones sociales es inaceptable.

Los constantes recortes que estamos padeciendo en el ámbito laboral han aumentado la brecha social y el colectivo de personas trabajadoras en situación de pobreza es cada vez mayor. Muchas personas trabajadoras a través del trabajo no logran los ingresos suficientes y se ven obligadas a pedir prestaciones sociales para poder garantizar el tener las necesidades básicas cubiertas.

En este contexto, las mujeres somos las más perjudicadas. Por poner un ejemplo, nosotras somos el 30,8% que tienen un contrato a tiempo parcial. Y por si fuera poco, el desempleo, la precarización, la brecha salarial, la desvalorización de los trabajos feminizados, no podemos olvidar todos aquellos trabajos que hacemos gratis las mujeres. Sobre nosotras recaen los trabajos de cuidados que este sistema necesita para producir. Sobre nosotras recaen los trabajos necesarios para cubrir las necesidades básicas cuando el estado no asume sus responsabilidades. Es por ello que todos los recortes que llevan a cabo, suponen una gran carga sobre nuestras espaldas.

No lo admitimos. Nos hemos cansado de llevar estas mochilas tan pesadas. Las medidas de protección social no son un lujo, son nuestros derechos. Somos mujeres trabajadoras a las que trabajo nos sobra pero nos falta empleo digno. Las políticas antisociales del Gobierno Vasco nos condenan a situaciones de exclusión social. Pero las feministas bien sabemos que hay alternativas: un sistema de protección social público y de calidad que garantice una vida digna y soberana.

De este modo hacemos llamamiento a diferentes agentes feministas para difundir y participar el próximo 22 de junio en la acción que llevaremos a cabo frente a la sede del gobierno vasco en Bilbao las 12.00. Traed vuestras mochilas pues vamos a dejarlas en la puerta del edificio como símbolo del peso que acarreamos las mujeres.

¡Por una vida soberana de pleno derecho! ¡No más recortes! ¡No más pobreza! ¡Gora borroka feminista!!

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HEMOS SALIDO A LA CALLE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y SEGUIREMOS SALIENDO

Hoy hemos vuelto a salir a las calles de Bilbo y Donostia en defensa de los Derechos Sociales y un Sistema de Protección Social Público y Propio. Hemos podido escuchar la voz de las personas perceptoras de prestaciones sociales, tal y como los días pasados `oímos a las persoas pensionistas y los próximos días tendrán la palabra el movimiento feminista y la mayoría sindical vasca.

Esta es la lectura que hemos hecho del momento actual:

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, a través de personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo y perceptoras de la RGI, y en Bilbao ante la oficina de Lanbide en Mazarredo queremos hacer las siguientes consideraciones:

La propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos elaborada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE), y buscando como aliado al Partido Popular (PP); a través de 15 modificaciones y 5 cambios en la normativa, presentadas por la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Betriz Artolazabal. Medidas que nuevamente endurecen los requisitos de acceso y recortan los derechos ligados a esta prestación social.

Recortes que supondrán dificultar el acceso a unos mínimos básicos de subsistencia y que permitan acabar con la pobreza:

• Establecer una única prestación por domicilio, considerando a todas las personas que viven en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia; por más que no existan relaciones afectivas, de consanguinidad o familiares, cuando distintas unidades de convivencia se ven obligadas a compartir el mismo domicilio porque son personas o familias con escasos recursos económicos e incapaces de afrontar de forma independiente los altos precios de alquileres e hipotecas existentes en nuestra comunidad.

• Desvincular la cuantía de la RGI al margen de elementos de la realidad laboral como el Salario Mínimo Interprofesional o de elementos objetivos como el IPC. Por lo tanto su actualización dependerá de la voluntad política de los partidos que negocien los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto los derechos sociales se encontrarán al albur de decisiones al margen de las situaciones concretas de pobreza o precariedad que sufren diversos y amplios sectores sociales.

• Justificar la políticas de recortes mediante continuas campañas de criminalización señalando como objetivo declarado acabar con los derechos sociales a través de estigmatizar a determinados colectivos, sectores sociales precarios o formas de socialización para hacer frente a la pobreza o garantizar con un mínimo de posibilidades de acceso a una vivienda digna como puede ser el compartir un domicilio.

No es la primera vez que asistimos a este tipo de recortes. Llevamos varios años, donde los ataques al sistema de protección social han sido continuos y severos. Reducción de cuantías, como el hachazo del 7% en los presupuestos desde el año 2012, el aumento de condiciones para poder acceder a dichas prestaciones (RGI/PCV/AES) o la reciente decisión de no aplicar del incremento del 8% en el SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Los recortes indicados son los que están desmantelando el sistema de protección social. Un sistema que protege a menos gente y con prestaciones cada vez más bajas. Por ello decimos que hay políticas responsables y sujetos responsables. Quienes como la patronal usan las reformas laborales para degradar las condiciones laborales están creando cada vez más pobres. Quien, desde el ámbito político, desmantela, reduce la protección social y criminaliza a las personas perceptoras, está perpetuando la pobreza.

El Gobierno Vasco, los partidos que lo sustentan, sus aliados políticos; y en última instancia la Consejera Beatriz Artolazabal parece olvidarse, que la realidad de la pobreza y el aumento de la precarización de las condiciones de vida en Euskal Herria es un hecho incuestionable, no es una falacia.

Son muchos, demasiados, los sectores de la población con insuficientes recursos económicos para hacer frente a niveles mínimos de bienestar. Personas que lo pasan mal, muy mal; y las cuales no son criminales. Como lo demuestran los datos de la encuesta sobre pobreza hecha pública recientemente por el Gobierno Vasco.

Además, la creciente precarización de las condiciones laborales está aumentando la brecha social y ampliando el colectivo de trabajadoras y trabajadores pobres, que a pesar de contar con un empleo, no obtienen un nivel de ingresos suficientes para acceder a unas condiciones dignas de bienestar, y por lo tanto, se ven obligados a solicitar prestaciones sociales. En concreto, 12.321, el 20% de las personas perceptoras de la RGI. A ello hay que sumarle, los 15.706 pensionistas con pensiones de miseria que tiene que ser complementada con la RGI, un 30% de la RGI. Por lo tanto queda claro que el 50% de las personas perceptoras de RGI no tienen un problema de empleo, si no de bajos ingresos.

Sabemos, que la pobreza no es una consecuencia natural de la crisis. Al contrario, el uso combinado del deterioro de las condiciones laborales, junto con el desmantelamiento de los servicios públicos, responde a la lógica y objetivos de las políticas neoliberales, que necesitan y provocan la extensión de la pobreza para aumentar las ganancias de Confebask, Petronor, empresas constructoras, Iberdrola, las entidades bancarias o Kutxabank.

Nuestro objetivo ante esta reforma de la RGI, de la “Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”, es lograr que se elabore una ley que luche de verdad contra la pobreza y evitar los recortes que supondrían un aumento significativo de la misma. El objetivo debería ser dar la vuelta a esa situación y lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI; y que nadie tras acceder a la RGI siga siendo pobre.

Por ello decimos que tenemos alternativas a la pobreza laboral y a las vidas precarias que se nos quiere imponer: la apuesta por un sistema vasco de protección social público, digno y de calidad. Un sistema que no recorte. Un sistema que garantice prestaciones y servicios de calidad, que posibiliten poder llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónomo. Esta es la reforma del sistema de protección que reivindicamos, y por la que salimos hoy a movilizarnos ante unas de las principales oficinas de Lanbide en la CAPV.

ANTE LAS POLÍTICAS DE RECORTES, NOS REAFIRMAMOS EN LA APUESTA POR LA MOVILIZACIÓN PARA DAR LA VUELTA A ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL Y EMPOBRECIMIENTO GENERALIZADO.

14 de junio de 2017, Bilbo

Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido hoy:

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